El Centro de Derechos Humanos
“Zeferino Ladrillero” (CDHZL) se sumó a la congratulación a los defensores de
la tierra y el agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que este año serán
galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”,
en su vigésima sexta edición, por defender los derechos humanos ante los
embates de los intereses económicos y políticos que han intentado despojarlos
de sus territorios; actualmente se encuentran en prisión con acusaciones falsas
y dolosas.
El presidente del CDHZL, José
Antonio Lara Duque, expresó su reconocimiento a los habitantes de esta pueblo
—indígena náhuat— que han sufrido la represión de las autoridades del gobierno
mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en prisión a Dominga González
Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro
Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por el
delito de defender su derecho a la justicia y el derecho humano al agua.
Recordó que el vital líquido en
esa región del país ha sido utilizada para favorecer a la industria que se
encuentra en la región, situación por lo que los habitantes de esa comunidad se
organizaron para la asignación del agua como derecho de utilizarla para fines
personales y domésticos y que el agua
debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien
económico.
Con este razonamiento, detalló,
la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años
ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa
Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y
disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el afluente fue
concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del
municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los nahuas no
tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los
acreditan para poder explotar sus aguas.
Mencionó que 1 de abril 2003 los
pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares,
financiados por el presidente de los floricultores --de origen español-- que
argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos.
Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario
resultó muerto.
Después de estos hechos, policías
mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte
represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de
sus domicilios –sin orden judicial--, amenazados de ser asesinados y violadas
sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco
Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal,
Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el
enfrentamiento.
“La única razón de dirigir la
acción penal contra estas personas es que los ahora detenidos fungían como
representantes del pueblo indígena y es la única razón por la Estado se dirigió
en su contra, además de que con esta acción, los autoridades y los empresarios
floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro
dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”, aseguró.
Desde 2003, los indígenas presos
se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas acusaciones en su contra,
pese a que durante el juicio ha quedado demostrado que los testigos presentados
por los empresarios fueron aleccionados al presentar declaraciones idénticas.
El único delito de los procesados es La defensa
representar los intereses de los indígenas de esta región del país y la defensa
de los derechos humanos. Ahora enfrontan
la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de
los pueblos les darán la libertad, concluyó.
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