Mauricio Tabe, presidente del
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México advirtió que existe un Plan de
Sabotaje en la capital propiciado por simpatizantes o personajes ligados a
Morena que buscan desestabilizar y crear un clima de enojo entre los ciudadanos
lucrando con la escasez de agua potable.
Luego de que en días pasados
autoridades locales detectaran el cierre intencional de válvulas de agua en
distintas zonas de la ciudad, Tabe afirmó que recientemente iniciaron una
campaña de desinformación en Benito Juárez, a través de llamadas telefónicas
vía un call center, donde se busca imputar a la
anterior administración y al actual Jefe Delegacional en esta
demarcación, Christian Von Roehrich por el desabasto de este servicio.
“Es totalmente falso, cuando
todos sabemos que es suministrado por el Gobierno de la Ciudad a través del
Sistema de Aguas”, subrayó.
Por ello, interpuso el día de hoy
ante la Procuraduría General de Justicia capitalina una denuncia penal contra
quien resulte responsable para que se investigue el cierre de válvulas de agua
en 50 puntos de seis delegaciones en la ciudad, así como la campaña de
desinformación orquestada en la Delegación Benito Juárez.
Señaló que la denuncia refiere
delitos de sabotaje, al causar una situación de transtorno social, político y
hasta económico; así como de posible asociación delictuosa, al cometerse en
distintos puntos de la ciudad y de coalición de servidores públicos, al existir
indicios de que quienes lo cometieron conocían el mecanismo con el que operaba
este sistema.
Mauricio Tabe dijo que no se
quedarán cruzados de brazos y serán coadyuvantes del Ministerio Público para
que no quede impune este delito, que busca crear irritación entre la gente e
incidir claramente en el ánimo electoral.
“Si se trata de personajes o simpatizantes
ligados a este partido, no están afectando a un gobierno o a un partido, están
tomando como rehenes a los ciudadanos y les decimos a estos secuestradores de
servicios públicos que los denunciaremos”, advirtió.
Explicó que las sanciones por los
la comisión de los tres delitos antes referidos pueden ser de hasta 30 años de
prisión, una multa de más de 114 mil pesos, además que de comprobarse la
participación de algún servidor público, podría castigarse con la destitución
y/o inhabilitación para ocupar algún cargo público.
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