El anuncio
en días pasados de un recorte de 75 por ciento al presupuesto del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) despertó la preocupación de activistas de
los pueblos originarios que dependen de dichos recursos para sostener proyectos
que salvan vidas, como es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena (Cami),
dependiente del Programa de Derechos Indígenas de esa institución. Ante esta
noticia, las integrantes de la organización enviaron una carta a la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidiéndole su apoyo para mantener el
financiamiento de las 34 Casas de la Mujer Indígena instaladas en territorios
náhualt, mayo, mephaa, purhepecha, maya, totonaco, tsotsil, otomi, ayuujk,
ikoots, mazahua, y ñu saavi. Los recortes ponen en serio peligro el
funcionamiento del único proyecto de salud sexual y reproductiva creado y
manejado exclusivamente por mujeres indígenas y afrodescendientes.
En un
contexto de cuarentena, donde la violencia de género tiende a profundizarse, el
recorte presupuestal a las Cami deja a las mujeres indígenas de regiones en
extrema pobreza doblemente vulnerables: sin los recursos de atención médica que
estos espacios les ofrecen y sin las redes de apoyo que representan ante
experiencias de violencia. Si bien las recientes declaraciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador minimizan la importancia de la violencia doméstica
como problema social, argumentando la excepcionalidad mexicana al respecto, por
la existencia de una cultura de mucha fraternidad en la familia. Los
diagnósticos ofrecidos por las propias Cami y los datos presentados por
múltiples estudios académicos sobre el tema, documentan que es en los espacios
familiares fraternales donde tienen lugar los feminicidios íntimos, la violación
sexual a menores y la violencia física y sicológica contra las mujeres. En las
regiones indígenas, estas violencias se encuentran profundizadas por otras
violencias estructurales, por el racismo y por las del crimen organizado. Es en
estos contextos que las Casas de la Mujer Indígena representan unas de las
po-cas opciones de apoyo que tienen las mujeres en regiones con poca o nula
presencia estatal.
Este
proyecto, surgido hace 17 años dentro del aparato indigenista, ha sido
apropiado por las mujeres indígenas, convirtiéndose en espacios comunitarios
fundamentales para la formación, acompañamiento y atención a mujeres indígenas,
en regiones con poca o ninguna presencia institucional. Si bien en diversas
ocasiones el Presidente de la República ha anunciado que los programas sociales
y de salud serán prioritarios en esta crisis, el recorte presupuestal al INPI y
a las Cami afectará de manera directa a población indígena que se encuentra ya
de por sí en contextos de extrema vulnerabilidad. En una de las conferencias de
prensa recientes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, respondió al periodista Ernesto Ledezma que las condiciones de
desnutrición y pobreza de un alto porcentaje de la población indígena del país
pueden influir en que sus sistemas inmunológicos estén menos preparados para
enfrentar al virus.
Si
consideramos que según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive
en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las
enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte (intestinales,
influenza y neumonía), sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos
dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su
protección. El mismo Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones
Indígenas ha instado a los estados miembros y a la comunidad internacional a
incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para
abordar el brote global de Covid-19. En vez de aprovechar los conocimientos de
salud de las mujeres de las Cami, su sensibilidad intercultural y de género y
su manejo de los idiomas indígenas para apoyar en las campañas de prevención
contra el Covid-19
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