•"Queremos
que se respete nuestro ejercicio a la libre autonomía y libre determinación
reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT”
•"Las
concesiones, que entregaron en los últimos 36 años los gobiernos pasados fueron
de 40 a 50 millones de hectáreas, y el país tiene 200 millones de hectáreas, es
decir, 30 por ciento del territorio nacional. No se lo acabarían ni en mil
años”.
•"que
no digan nuestros adversarios que estamos afectando la economía y a las
inversiones privadas”.
No se
revocando concesiones mineras, se
mantienen: López Obrador. Es el
encabezado de la nota publicada en Oaxaca.media el pasado 18 de marzo, donde se
lee:
El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que se
respetarán las concesiones mineras, no se revocarán.
A unos días
de visitar el estado, donde decenas de comunidades indígenas se han declarado
territorio prohibido para la minería, y han exigido durante años una consulta
previa, libre e informada sobre la explotación de sus tierras, el titular del
Ejecutivo federal dijo este lunes en Palacio Nacional que los acuerdos se
respetarán.
“Así de
claro, que no digan nuestros adversarios que estamos afectando la economía y a
las inversiones privadas”.
López
Obrador explicó que en México hay una cantidad de concesiones mineras, “como
nunca”. Las concesiones, que entregaron en los últimos 36 años los gobiernos
pasados fueron de 40 a 50 millones de hectáreas, y el país tiene 200 millones
de hectáreas, es decir, 30 por ciento del territorio nacional. “No se lo acabarían
ni en mil años”, expuso.
Tan sólo en
la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa 一abundó一 se
entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a un puñado de
empresas, mientras que el exmandatario Lázaro Cárdenas entregó a un millón de
familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a
1940.
Durante la
conferencia se enunció una serie de afectaciones, como el incremento de la
violencia, el número de muertos, persecución y daños al medio ambiente,
particularmente en el caso de la extracción de oro en Carrizalillo, Guerrero;
en Oaxaca se reportan esos mismos problemas sociales, sin embargo el presidente
respondió que se van a respetar esas concesiones para que no haya temor, “pero
es necesario explicar que se pasaron, no tuvieron llenadera”, comentó.
Se va a
revisar qué pasa con la explotación del oro y la plata, hay muchas propuestas
en ese sentido, pero no tenemos nada en particular; se mantienen las
concesiones, no se revocan, solo que ya no vamos a dar más, agregó.
Lo que se
quiere, dijo, es que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven
a cabo una explotación limpia, que lo hagan como están obligados a hacerlo en
Canadá, es decir que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma
cantidad de impuestos que erogan allá y, sobre todo, que no contaminen.
Más tarde
en la capital del estado, autoridades comunales y habitantes exigieron se
respete el acuerdo entre los habitantes sobre la negativa a las empresas extractivas
en sus territorios.
“Queremos
que se respete nuestro ejercicio a la libre autonomía y libre determinación
reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT”
Dicho
Convenio es considerado el más importante instrumento internacional que
garantiza los derechos indígenas. Fue suscrito en 1989 y ratificado en
2016 por 22 estados. Señala que los pueblos indígenas deben tener el derecho a
elegir si integrarse o mantener su cultura, sus tradiciones, e integridad
política. También garantiza el derecho de los pueblos
indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que
éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a
las tierras.
Las
personas inconformes recordaron que históricamente se han dedicado a la
agricultura, pastoreo y recolección de plantas para la supervivencia y que en
el pasado también se explotaron otras minas, lo cual produjo contaminación de
arroyos, ríos suelos.
En
Capulalpam de Méndez, una población de la Sierra Norte, autoridades comunales
han reportado que la minería en décadas anteriores propició de algún modo la
pérdida de la zapoteca, su lengua materna, además de otras afectaciones.
En San José
del Progreso donde actualmente opera la minera Cuzcatlán, filial de la
canadiense Fortuna Silvers, citaron, se ha producido un daño severo al
tejido social, cuatro personas han sido asesinadas por el conflicto ocasionado
por dicha empresa.
Por otro
lado, autoridades de Magdalena Ocotlán explicaron que tras el derrame de
la presa de jales de dicha minera en octubre del año pasado, sus aguas podrían
estar contaminadas. A pesar de que la Profepa señala que no existe tal
contaminación, los habitantes señalan que hasta el momento la población
se mantiene en la incertidumbre sobre la contaminación al río El Coyote,
pues no han sido informados sobre los estudios realizados por la
institución federal.
Las
autoridades y habitantes reiteraron su rechazo al extractivismo debido a que
violenta sus derechos humanos. “Demandamos Andrés Manuel López Obrador que así
como lo apoyamos, así queremos que él nos apoye, porque está afectando a
nuestros pueblos, queremos un futuro para todos, para que todos estemos
tranquilos”, declaró una mujer de santa Catarina Minas.
El
presidente dijo que “primero los pobres”, recordó uno de los habitantes
afectados de las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca, donde se
otorgaron concesiones que abarcan unas 90 mil
hectáreas, principalmente para la empresa Fortuna Silver Mines y Gold
Resource Corp, lo cual ha derivado en daños al medio ambiente, además de la
violencia en sus comunidades.
Con
información de Oaxaca.media

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