Ciudad de México.
Dirigentes del G-10 que integra a
varias organizaciones de Radio Taxis y Bases de Sitio en la Ciudad de México, exigen
a las autoridades responsables de la capital del país se dé marcha atrás al
acuerdo del 15 de julio de 2015, mediante el cual se pretende dar legalidad a
la operación de las aplicaciones extranjeras de transporte de pasajeros, “que
nació de un acto de corrupción en el que se vio involucrada la anterior
administración”.
En una rueda de prensa celebrada esta
mañana en el Zócalo de la ciudad, tras una movilización que integró a taxistas
de diferentes organizaciones y más de 20 estados de la República, denunciaron
que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 258 y 260, reafirma
la ilegalidad del mencionado acuerdo, porque los autos con los cuales están
dando el servicio las ocho empresas extranjeras carecen de la concesión o
permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad, para prestar el servicio
público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en el
Distrito Federal.
Motivo por el que, expresaron, “los
dueños de los vehículos, directivos y trabajadores de las empresas que utilizan
aplicaciones sin contar con la concesión correspondiente de esta ciudad”, deben
hacerse acreedoras de las sanciones contempladas en la ley, como son pena
privativa de libertad de tres a seis años y multa de
setecientos a mil veces
la Unidad de Cuenta
de la Ciudad
de México vigente, a quien
dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a
prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar
con la concesión correspondiente”.
Contrario al acuerdo del gobierno
anterior que les permitió operar de forma tolerada, los prestadores del
servicio con estas aplicaciones incumplen los mandatos de su operación
irregular como eran no recibir pagos en efectivo; no permitir el
subarrendamiento de vehículos concesionados; no hacer base o sitio en la vía
pública y, entre otros, ser autos con un valor de factura estimado en 200 mil
pesos o más, destacó Bruno González, vocero esta ocasión del colectivo de
taxistas.
El incumplimiento del acuerdo que
ahora los transportistas concesionados luchan por derogar ha provocado que más
de 35 mil de los 140 mil concesionarios hayan dejado de prestar el servicio,
porque la pérdida de casi el 50 por ciento de sus ingresos en los últimos 5
años les ha cerrado las puertas para para poder darle el mantenimiento
necesario a las unidades, así como pagar las diversas imposiciones que debe
cubrir todo concesionario.
“Ante todo esto, tenemos cinco años
en la indefensión de nuestro trabajo, de nuestro patrimonio, de la adecuada
manutención de las familias de cientos de miles de concesionarios en la ciudad,
y sin obtener una respuesta positiva a nuestra demanda. La única respuesta que
deseamos en este momento, y que es una necesidad para el país entero, es que
las autoridades hagan cumplir la ley. Sólo eso”, expresaron.
La movilización realizada esta mañana
aglutinó a integrantes del Movimiento Nacional Taxista y su presidente Bersaín
Miranda Borrás dijo que los taxistas de la Ciudad de México no estarán solos y
contarán con el respaldo fuerte y comprometido del Movimiento Nacional Taxista
y su representación en al menos 26 estado de la República Mexicana para echar
del país a las aplicaciones.
“Pedimos a nuestras autoridades, a la
Jefa de Gobierno, un espacio para tomar los acuerdos que correspondan. Hay un
planteamiento claro de nuestros compañeros transportistas que deben ser
atendidos y respaldamos la petición de que se deje sin efecto el convenio
suscrito, por los vicios que tiene”, dijo.
El dirigente del transporte en el
estado de Chiapas añadió que la Ley se aplique para todos, no sólo para los
transportistas concesionados, sino, sobre todo, a estas empresas extranjeras
que sin invertir vienen a llevarse los dividendos que antes eran de los
verdaderos trabajadores del volante.
En su oportunidad, Juan Carlos Rovira
dijo que debe quedar claro que los taxistas se niegan expresamente a que los
prestadores del servicio de transporte de pasajeros con las actuales
aplicaciones sean regulados, sino que la ley dice que son entes que están
violando la ley, se les debe aplicar y, en este caso, castigar.
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