¿EL NAICM,
COMO EL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO?
Ciudad de
México.
Durante una
primera parte de su campaña a la Presidencia de la República, Andrés Manuel
López Obrador logró atinar a un tema a todas luces sensible para los mexicanos
cansados de los excesos del poder: la corrupción de lo que él llamó “la mafia
del poder” y, uno de sus objetivos más fuertes fueron sus preocupaciones porque
la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México generara corrupción por su
alto costo, en aquel momento de 186 mil millones de pesos.
Más
adelante, en mayo, después de que el 16 de abril Carlos Slim saliera en defensa
de la construcción de la terminal aérea en el vaso del Lago de Texcoco, planteó
una tercera opción: que fueran los empresarios y no el gobierno mexicano
quienes pagaran el resto de las obras a través de una concesión.
Pero, ya
como presidente electo, planteó realizar una “consulta nacional” para que sea
la ciudadanía quien tome la decisión respecto del futuro del aeropuerto.
Sin
embargo, la pregunta es: Por qué si la ciudadanía le dio 30.11 millones de
votos para que ejerza la facultad constitucional de ejecutar sus promesas de
campaña, resolvió sacarse de la bolsa una consulta no vinculante
constitucionalmente, con grandes fallas de seguridad.
López
Obrador pretende realizar una jugada maestra o engaño para no dilapidar el
capital político que le dio el 53.19 por ciento del padrón electoral. Y lo hace
a través de una consulta alejada de los marcos institucionales del país para
obtener un resultado ajustado a su decisión final.
La
respuesta podría ser que, mediante el engaño y la simulación, López Obrador
quiere legitimar una decisión previamente tomada, pero sin costo político para
él. Y no es la primera ocasión que toma una decisión así y se escuda en la
ciudadanía, como recordaremos líneas abajo.
Porque en
la vida pública no existen casualidades, sino causas. Pero las causas, sin
duda, están movidas por los intereses. Y para lograr que estos intereses no se
vean como tal, a lo largo de semanas, incluso meses, se tiende un gran tablero
de ajedrez avivado y alimentado desde los espacios de poder político,
económico, social y mediático para lograr los fines que se persiguen.
Hoy estamos
frente a uno de esos grandes tableros de ajedrez donde a la mayoría de la gente
se le vende un juego ilusorio que seguramente terminaría con el resultado
esperado por los grandes intereses. Porque el pasado 1 de julio realmente
ocurrió un “quítate tú, para ponerme yo”. Nada más. Sin cambio, salvo en los
personajes. Más no en las formas y mucho menos en el fondo.
Así como
cada sexenio hay grupos económicos beneficiados tras el poder, para el gobierno
que viene probablemente el beneficiario será el de Carlos Slim, sus amigos y
socios. No fue casual la aparición pública del hombre más rico de México para
apoyar la opción del NAICM el pasado 16 de abril, como tampoco es casual que
uno de sus amigos y socios, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de
Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste esté en primera fila para
lograr la concesión del Tren Maya y, anotado también para la del NAICM.
Una empresa
dentro del mismo círculo lo construye y otra lo opera, y operará otro de los
“grandes proyectos” del próximo gobierno.
Y si alguna
controversia existiera que deba resolverse en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, hacia allá se dirige Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta
del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y esposa de otro de los
constructores favoritos de Andrés Manuel López Obrador: José María Rioboó, a quien
López Obrador le dio la proyección del Distribuidor Vial San Antonio en 2002.
Aquella
ocasión el proyecto ejecutivo fue encargado a la empresa Rioboó, SA de CV, la
cual realizó un cálculo inicial de 190 millones de pesos, que fue superado por
mucho por las empresas contratistas que compraron las bases de la licitación,
cuyos requisitos, dijo públicamente la empresa ICA, “son inalcanzables”.
Sin
embargo, la licitación se puso en marcha aún sin que Rioboó hubiera presentado
el proyecto ejecutivo, y a la par López Obrador realizó un plebiscito con el
Instituto Electoral del Distrito Federal, en el cual participaron 274,606 mil
personas diciendo “Si” a la obra, en contra de 142,384 mil que la rechazaron y
420,522 mil que emitieron su “voto nulo”, con un abstencionismo de cerca del
87% porque el listado nominal era de 6 millones 459 mil 641 electores.
El 13 de
mayo de 2002, día previo a la apertura de las ofertas económicas y ganadores de
la licitación, Andrés Manuel López Obrador decidió se cancelara porque el
ganador de los tramos 1, 3, 5 y 6 iba a ser el Grupo Quart que encabezaba
Carlos Ahumada, sí, aquel que videograbó a Carlos Imaz —esposo de Claudia
Sheimbaun en ese entonces— y a René Bejarano recibiendo fajos de billetes como
soborno al Gobierno del Distrito Federal encabezado por López Obrador.
(http://www.cronica.com.mx/notas/2002/13775.html)
Sin
embargo, a pesar de que Rioboó presentó a destiempo y mal calculada la cifra
del proyecto, el 25 de junio de 2002 la empresa inmobiliaria del Gobierno del
Distrito Federal, Servicios Metropolitanos (Servimet) entregó por órdenes de
López Obrador y en adjudicación directa la proyección de la obra a José María
Rioboó, porque presuntamente no existían otras firmas constructoras que
pudieran realizar el diseño. (http://www.cronica.com.mx/notas/2002/18521.html)
En 2004,
con el escándalo de los sobornos a Imaz y Bejarano en su apogeo, López Obrador
dijo que por una decisión personal pasó por sobre un proceso institucional como
es una licitación pública y evitó la participación de Ahumada, ganador de la
mayoría de los tramos. "Decidimos combatir al señor Ahumada. En tres años
lo hemos atajado (...), se presenta como empresario contratista. Licitamos para
la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, del segundo piso. Se queda
incluso su empresa como la mejor propuesta. Sin embargo, (por) la desconfianza,
yo decido que no debe participar", le dijo a Joaquín López Dóriga.
(http://expedientedf.blogspot.com/2004/04/razn-tcnica-par-quart.html)
De esa
forma, autoritaria y sin soporte legal, López Obrador evitó la participación de
Ahumada y entregó la obra a otros constructores, cuyos contratos fueron
cerrados por 12 años y aún no hay quien los haya abierto.
Entonces,
como en 2002, es muy probable que la decisión ya esté tomada para entregar la
construcción al Grupo Carso de Carlos Slim y el consorcio de empresarios
integrados en el proyecto como Bernardo Quintana (ICA), Olegario Vázquez
(Prodemex), Hipólito Gerard (GIA), y Carlos Hank (Hermes), sin ser cuestionado
por la sociedad, porque la consulta es un procedimiento político sólo para
legitimar una decisión técnica que él mismo descalificó como parte de su
campaña electoral. Quizá por eso ayer dijo que iba a buscarlos “para
serenarlos”.
Y no se
sorprenda si el sacrificado de todo este enjuague cuando se dé a conocer la
decisión final sea Javier Jiménez Espriú, quien ha presentado todos los
argumentos en contra del NAICM, incluso un estudio de la agencia NavBlue que
retoma información de Rioboó, quien está a cargo del diseño del proyecto del
aeródromo de Santa Lucía y fue quien diseñó el Distribuidor Vial San Antonio en
2002.
Y a
pesar de los ejemplos arriba citados, hoy, López Obrador dijo que: “Se va a
acabar el contratismo corrupto que ha venido imperando, prevaleciendo en los
últimos tiempos”. ¡Gulp!
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