El Centro de Derechos Humano
“Zeferino Ladrillero” expresó su preocupación por la determinación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar constitucional la
figura de inspección policial sin orden judicial —o ministerial— que podría derivar
en el incremento de casos de abuso policial y violación de las garantías
constitucionales.
El coordinador del CDHZL, José
Antonio Lara Duque manifestó que estas revisiones representan un riesgo para el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos por la subjetividad y ambigüedad
con la que serán aplicados, pues hasta el momento no existe un criterio
explícito de la “sospecha razonable” que autoriza a la policía a someter a la
revisión a los ciudadanos.
Esta figura (sospecha razonable)
no figura dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco fue
definida por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante
la discusión del tema, puntualizó.
Lara Duque reconoció que la
policía debe tener un margen de acción para desempeñar sus funciones, pero
estas facultades deben contar con controles internos y externos (judiciales e
incluso ciudadanos) para garantizar que no haya excesos en su desempeño.
En esta resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilita nuevos poderes, pero no
introduce en su resolución mecanismos de autocontrol o control para garantizar
el respeto de los derechos de los ciudadanos, apuntó.
El coordinador del CDHZL aseguró
que lamentablemente México no cuenta con una policía profesional que cuente con
criterios claros y precisos para cuando entra en contacto con la ciudadanía y
ahora la Corte les autoriza someter a revisión a cualquier ciudadano con
criterios subjetivos.
“Tal parece que los ministros de
la Suprema Corte desconocieron en la discusión una realidad que vive nuestro
país donde hay un conflicto sistemático entre la policía y los ciudadanos que
sufren la violación de sus derechos”, expresó.
Criticó también la decisión de
que, sean los jueces de control los que revisarán la legalidad estas
inspecciones, cuando estos (los jueces) no está en la calle donde la policía va
ejercer esta nueva facultad con altas posibilidades de violar los derechos
humanos.
De igual manera, Lara Duque mencionó que no hay
evidencia que este tipo de acciones reduzcan significativamente la delincuencia
o la violencia, por lo que es necesario que, junto con estas nuevas y
herramientas, se establezca mecanismos o esquemas, como las auditorías
externas, para revisar la correcta actuación policial.
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