Toluca,Estado de México. En conferencia de prensa, las 42 Comunidades Indígenas, Pueblos,
Barrios, Rancherías, Parajes, Localidades, Ejidos, Colonias y equiparables del
municipio de Huixquilucan informaron que mediante demanda de amparo radicada
ante los Juzgados de Distrito del Estado de México, con Residencia en Naucalpan
de Juárez, solicitaron la destitución de todo el cabildo y del presidente
municipal, Enrique Vargas del Villar, al reclamar que el ayuntamiento desacató
la norma general que les obliga a reconocer a la comunidad indígena Otomí y a
respetar las tierras de los pueblos originarios.
Juan Villegas Mejía, Primer y Único Representante y Autoridad
indígena de las Comunidades Indígenas, Pueblos, Barrios, Rancherías, Parajes,
Localidades, Ejidos, Colonias y equiparables del municipio, informó que desde
1644 y 1645, en 40 códices (que se encuentran en un museo en Massachusetts) existe un
reconocimiento a la comunidad Otomí de Huixquilucan. Mismos que se encuentran
reconocido en la escritura 5 mil 978 con fe pública.
Detalló que el edil de Huixquilucan en
contubernio con el cuerpo edilicio, ha desconocido a los pueblos originarios de
la demarcación, diciendo que no tienen un reconocimiento legal, cuando le han
demostrado que si cuentan con dicha personalidad.
Explicó que el pasado 30 de agosto del 2016, Enrique Vargas del
Villar, le habló por teléfono para amenazarlo y exigirle que le entregará las
tierras y se desistiera de los amparos.
De igual manera, denunció que el 25 de junio del 2017 fue
privado ilegalmente de su libertad por policías municipales de Huixquilucan en
la comunidad de San Francisco Ayotuxco, cuando se dirigía a una Asamblea.
“Ese día formaríamos el concejo de gobierno. Eran las 11 de la
mañana, cuando elementos armados me indican que había una orden de aprehensión
en mi contra que jamás mostraron. Me subieron a una patrulla y me llevaron al
Ministerio Público, de ahí, me trasladaron al Penal de Barrientos, donde
permanecí una semana sin alimentos. Traían la instrucción de desaparecerme,
pero intervino la ONU y pude salir libre”.
Por otro lado, Villegas Mejía, precisó que tras la construcción
de la Autopista Toluca-Naucalpan se han perdido más de 9 mil 452 hectareas, es
decir, el 65 por ciento de bosque de las comunidades de Ayotuxco, Yamasula,
Quistengo, Huiloteapan y sus pueblos de San Francisco, Santa Cruz y Rancherías
equiparables, además del ecocidio de 140 manantiales de agua que distribuyen a
la Magdalena Chichicaspa en Huixquilucan y San Francisco Xochicuautla, en
Lerma.
“Nos están vendiendo como animales. Es una traición a la patria
y a la nación lo que el gobierno federal y el gobierno del Estado están
haciendo con el pueblo de México. Nunca se nos preguntó a los pueblos indígenas
si queríamos que se llevará a cabo este proyecto carretero y aún si nos
arrebatan nuestras tierras y torturan en el proceso”.
Por su parte, los integrantes de la comunidad Otomí de
Huixquilucan, informaron que Enrique Vargas, contrata a grupos armados con
perros para intimidar y despojarlos de sus tierras; además de realizar el
cambio de uso de suelo de manera ilegal para venderlas a la inversión
extranjera.
“Nos aterra la idea de que Vargas pretenda reelegirse, tememos
por nuestras vidas y la de nuestros hijos, quienes ya han sufrido bastante”.
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