Treinta y cinco años de despojos,
de ninguneo, de represión, de políticas neoliberales implementadas por el PRI y
el PAN colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las
grandes corporaciones, tanto las que acaparan y especulan con las cosechas como
las que introducen paquetes tecnológicos destructivos. Por eso hoy importamos
la mitad de lo que comemos y en el agro hay pobreza, malnutrición, deterioro
ambiental, migración, inseguridad y violencia.
En el mismo lapso, al amparo de
leyes privatizadoras como la minera y la energética, se intensificó el saqueo
de las tierras y aguas de los pueblos, para desarrollar megaproyectos
extractivos, hidroeléctricos, eólicos, aeroportuarios, urbanísticos, turísticos,
carreteros. Emprendimientos que destruyen el medio ambiente y obligan a miles
de campesinos a dejar de sembrar. Ahora, igual que en el porfiriato, se les
arrebata la tierra a los pueblos, sino a fuerza de bayonetas sí por obra de la
violencia del mercado.
Los campesinos, indígenas y
afrodescendientes queremos salvar al campo y con ello salvar a México pues del
agro dependen alimentación, empleo, ingreso, seguridad interna y
gobernabilidad; además de que aporta aire puro, agua limpia, bosques frondosos,
paisajes amables, diversidad de plantas y animales, y de que es fuente de
cultura y raíz de identidad.
Los hombres y mujeres del campo
queremos seguir cosechando alimentos sanos para todos, generando empleo para
millones, cuidando a la naturaleza, enriqueciendo la cultura. Los campesinos
tenemos una responsabilidad con México y vamos a cumplirla.
Pero no podremos regenerar al
campo y salvar al país con todo en contra. No podemos recuperar al agro si no
se retribuye justamente nuestra labor, si no se nos respalda con buenas
políticas públicas, si no se respetan nuestros derechos… Cosa que no han hecho
ni los gobiernos del PRI ni los gobiernos del PAN. Los campesinos, como los
mexicanos todos, necesitamos con urgencia un cambio. Un cambio verdadero.
En el siglo XIX, los campesinos
hicimos la guerra de independencia, resistimos la intervención gringa,
expulsamos a los franceses y con nuestro apoyo se restauró la Republica. En el
siglo XX hicimos una revolución y con Cárdenas radicalizamos la reforma agraria
que defendimos primero de los gobiernos antiagraristas y después de los
neoliberales. En el siglo XXI nuestra tarea es regenerar al campo para
regenerar a México. Y la coyuntura electoral de este año es una gran
oportunidad, porque ahora, como entonces, el primer paso es un cambio de
gobierno.
En consecuencia, las
organizaciones campesinas analizamos las opciones políticas que nos ofrecen los
próximos comicios y concluimos que por su trayectoria y proyecto, Andrés Manuel
López Obrador es el candidato que puede impulsar desde el gobierno el cambio
que necesitamos. Y que nosotros seguiremos impulsando desde la sociedad como lo
hemos hecho hasta ahora.
Así, como hace seis años, nos proponemos firmar
con López Obrador un pacto político. Un acuerdo por el que se comprometa a
impulsar desde el gobierno nuestro proyecto para el campo: El Plan de Ayala
Siglo XXI, y nosotros nos comprometamos a apoyar organizadamente su campaña
promoviendo y defendiendo el voto.
1. Derecho de los campesinos a la
tierra
El derecho mayor, el que nos
funda y sustenta como campesinos, es el derecho a la tierra. Tierra que abarca
las parcelas que cultivamos, pero también los ríos, llanos y montes del
entorno. Para que la tierra sea del que la trabaja y el territorio del que lo
habita, los campesinos mexicanos hicimos una revolución y no vamos a permitir
que cien años después ejidos y comunidades se privaticen. La tierra no es una
mercancía sino un bien común al que todos tenemos derecho.
Es necesario mantener la
propiedad social así como el papel de ejidos y comunidades como sujetos de
interés público y protagonistas del desarrollo económico, social, político y
cultural.
2. Derechos del trabajo
asalariado rural
La mitad de los trabajadores del
campo somos asalariados, sobrexplotados y maltratados. Es urgente y prioritario
que se reconozcan y respeten los derechos laborales de dos millones y medio de
jornaleros y jornaleras agrícolas que cosechamos la mayor parte de lo que el
país consume o exporta. Con frecuencia somos migrantes con nuestras familias y
necesitamos que se nos garantice la prohibición de los agrotóxicos que nos
envenenan, el respeto a las mujeres jornaleras, objeto de acoso y agresiones
sexuales, el acceso a viviendas dignas, a servicios de salud, a educación para
los niños…
3. Derechos de la mujer campesina
Las mujeres somos la mitad del
mundo. Y en el campo somos la mayor parte de la población. La equidad de género
es una asignatura pendiente en el país y más en el agro. Acabar con el machismo
y la inequidad que padecemos las campesinas es responsabilidad de todos y en
primer lugar de nosotras. Pero también es responsabilidad del gobierno, que
además de nuestros derechos sexuales y reproductivos debe respetar y hacer
valer nuestros derechos agrarios, productivos, políticos, culturales. No
queremos que se nos trate como mujeres con programitas supuestamente propios de
nuestro sexo, queremos reconocimiento en igualdad como ciudadanas, sujetos
sociales y productoras con derechos agrarios.
4. Derechos de los jóvenes del
campo
Somos un país de jóvenes. Pero
sin políticas de empleo que nos den soberanía y seguridad laboral seguiremos
sacrificando el “bono demográfico”. Los jóvenes rurales son hoy empujados a la
migración a las ciudades o al extranjero, sino es que a la delincuencia.
Tener un trabajo digno, seguro y
bien remunerado es un derecho constitucional que hoy no se respeta y menos en
el campo. No queremos ser migrantes forzados, sicarios ni soldados; no queremos
seguir escapando del campo o matándonos entre nosotros. Los jóvenes exigimos
educación de calidad y adecuada a nuestra visión del mundo y nuestras
necesidades. Los jóvenes exigimos políticas de fomento productivo donde haya
espacio para nuestras capacidades e inquietudes. Los jóvenes exigimos que haya en
el campo los servicios que ahora se concentran en las ciudades. Pero ante todo
exigimos al gobierno que acabe con una guerra en la que somos nosotros, los
jóvenes, quienes morimos y quienes matamos.
5. Derechos de los pueblos
originarios
Durante cinco siglos los pueblos
originarios del continente fuimos oprimidos y humillados. Hoy nos hemos puesto
en pie y reclamamos nuestros derechos políticos, socioeconómicos y culturales.
En los Acuerdos de San Andrés de
los Pobres entre el gobierno y el EZLN se establecieron los derechos
autonómicos de los pueblos autóctonos: el reconocimiento de nuestros
territorios, nuestras formas de gobierno, nuestros saberes, nuestras prácticas
productivas y nuestra cultura. Exigimos que el gobierno honre su compromiso con
esos acuerdos y abra paso a la desactivación de la guerra congelada que tortura
a Chiapas y al país.
6. Derecho a la alimentación y la
soberanía alimentaria
En tiempos de cambio climático,
cosechas erráticas y alza tendencial de los precios agropecuarios, la
autosuficiencia en básicos es cuestión de seguridad nacional. Y la soberanía
alimentaria supone un nuevo trato entre los productores y el gobierno para
planear y operar las políticas públicas de fomento productivo; desarrollo de
infraestructura; acceso a insumos básicos; servicios financieros accesibles;
tecnología, capacitación y extensionismo adecuados a nuestras condiciones
agroecológicas; agroindustria que nos permita agregar valor a los productos;
certidumbre en el ingreso mediante políticas de precios y comercialización;
apoyo a la organización campesina y a las formas asociativas de producción y
mercadeo. En pocas palabras, necesitamos que la soberanía alimentaria y
nutricional sea una política de Estado sustentada en la pequeña y mediana
producción agropecuaria, con participación de productores y consumidores,
orientada bajo criterios agroecológicos.
Necesitamos una política de
ingresos rurales que integre los derechos sociales de campesinos e indígenas;
una planeación democrática y participativa desde los territorios y los
sectores, que se concrete en presupuestos multianuales; transferencia y
desarrollo de tecnologías sostenibles y adecuadas a nuestras condiciones
agroecológicas; servicios financieros que lleguen a los pequeños productores
que hoy carecen de ellos; que se institucionalice el programa de reconversión
de infraestructura para el uso eficiente y sustentable de agua y energía para
el riego, y una Ley de Energía para el Campo que nos haga competitivos;
necesitamos un Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y un Instituto
Mexicano para la Alimentación, orientados a erradicar el hambre.
Es necesario, también, renegociar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy en entredicho por la
ofensiva proteccionista del gobierno de Trump, y sustituirlo por un Acuerdo
Trinacional de Cooperación para el Desarrollo que no sacrifique nuestra
soberanía alimentaria, incluya la legalización de los indocumentados y el
derecho a la movilidad transfronteriza.
7. Derecho campesino a una
alimentación segura y de calidad
Lo primero es garantizar que el
campo alimente al campo. Es inadmisible que quienes producimos los alimentos
padezcamos hambre y comamos mal. Los campesinos tenemos las tierras, tenemos
las capacidades y podemos garantizar la soberanía alimentaria, abastecer de
materias primas a la industria y generar excedentes exportables. Pero lo
primero es asegurar nuestra alimentación que hoy depende de productos chatarra
de alto precio y baja calidad.
Necesitamos un programa nacional
tecnológicamente innovador y ajustado a las diferentes regiones, que impulse la
milpa, el solar, la huerta y el potrero. Es decir, el tradicional complejo
productivo campesino generador de autoabasto y excedentes comercializables,
además de empleo remunerado y atractivo para los jóvenes. Un sistema diverso
que preserve y restaure los recursos naturales.
8. Derecho a una vida buena y a
buenos servicios públicos
Los habitantes del medio rural no
somos ciudadanos de segunda y no hay razón para que tengamos caminos,
viviendas, escuelas, clínicas, servicios culturales de segunda. Es obligación
del gobierno utilizar los recursos fiscales en extender y mejorar los servicios
destinados a la población rural. Habitar en pueblos pequeños y medianos puede
ser mejor que amontonarse en las inhóspitas barriadas periféricas de unas
cuantas grandes ciudades. Pero no lo es cuando, por vivir en el campo no se
tiene acceso a la vivienda digna, al agua potable, la educación de calidad, las
buenas vías de comunicación, la salud y seguridad social, la conectividad
digital, la cultura.
Otro servicio que en el medio
rural siempre ha sido deficiente y está colapsado es la seguridad pública y la
justicia. El gobierno debe dejar de ser el factor de inseguridad y de
injusticia que hoy es, para convertirse en garante de nuestras libertades.
9. Derecho al territorio y los
recursos naturales como bienes colectivos
Entregar la tierra, el agua, el
viento, los minerales y el petróleo a las corporaciones, muchas de ellas
extranjeras, es traición a la patria. Y desde hace más de treinta años lo han
venido haciendo los gobiernos neoliberales. Esto debe parar, sobre todo en el
campo.
La tierra, el agua, el aire, los
recursos del subsuelo, las plantas, las semillas y los animales, nuestros saberes
y nuestra cultura no son mercancías sino bienes comunes: un patrimonio nuestro
y de todos que debe ser preservado y aprovechado en beneficio de la nación. Los
pueblos hemos defendido estos bienes contra los privatizadores del gobierno, es
hora de que también los defienda el gobierno.
10. Derecho a una naturaleza sana
y a tecnologías respetuosas de la vida
Los indígenas y campesinos somos
los guardianes de la naturaleza y quienes sufrimos más con su degradación.
Vivir en armonía con nuestro cuerpo y con el medio ambiente es un derecho y una
obligación. En el campo enfrentamos graves problemas de salud y deterioro
ambiental. Por un lado, una combinación de desnutrición y gordura, enfermedades
infecciosas y males crónico-degenerativos; por otro, erosión y agotamiento de
los suelos, escasez y contaminación del agua, pérdida de bosques y de
diversidad; sequías, heladas, huracanes, lluvias torrenciales, deslaves,
resequedad, incendios e incremento de plagas y enfermedades, todo ocasionado o
agudizado por el cambio climático.
La técnica no es neutral y la que
necesitamos en el campo es aquella que innove, recupere, conserve y desarrolle
los saberes ancestrales que preservamos los indígenas y campesinos.
La irresponsable ambición de
trasnacionales como Monsanto busca imponer el uso de semillas transgénicas que
amenazan la diversidad de razas y variedades de plantas como el maíz, y
pesticidas cancerígenos como el glifosato. Ningún argumento productivista
justifica el ecocidio.
Es necesario que el gobierno y
los productores paremos la contaminación con agrotóxicos y la diseminación de
los transgénicos, recuperando las semillas nativas, impulsando la agroecología
y la revitalización de prácticas como la milpa, combinando la investigación
agronómica y biológica y la incorporación de la ciencia más avanzada, con la
recuperación de los saberes tradicionales.
Es también urgente parar la
descontrolada perforación de pozos que agotan mantos freáticos; detener la tala
indiscriminada; terminar con la sobreexplotación de especies marinas; detener
la minería a cielo abierto y otros megaproyectos; es urgente que emprendamos
medidas de contención del calentamiento global y sus efectos.
11. Derecho a la vida y a la
seguridad
El agro mexicano es un enorme
camposanto. El narco y la “guerra contra el narco”, nos tienen sumidos en el
espanto. Antes nos excluían, nos oprimían y nos explotaban ahora también nos
desaparecen y nos matan.
Necesitamos terminar la guerra y
combatir por otros medios la enfermedad social del narco. En el campo esto
supone la promoción de un desarrollo incluyente que restaure la esperanza y
pase por la reconciliación familiar y la restauración del tejido social.
En un mundo rural donde no hay
opciones económicas para vivir dignamente de un trabajo honrado, muchos
campesinos -principalmente jóvenes- han incurrido en prácticas delincuenciales
informando como “halcones”, transportando, como “narcomenudistas” o cultivando
enervantes.
Son cientos, miles, cientos de
miles… Y de que infrinjan la ley es responsable un sistema que les ha cerrado
las puertas. Necesitamos enfrentar el narcotráfico con otras estrategias.
Cientos de pueblos han
desaparecido, miles de familias han sido desarraigadas de sus comunidades,
cientos de miles de hombres, mujeres y niños han tenido que migrar expulsados
de sus tierras por una violencia de la que el gobierno es cómplice si no es que
responsable. Ya basta. En el campo queremos vivir sin miedo y en paz.
12. Derecho a una política
pública integral
Naturaleza, economía y sociedad
son aspectos inseparables del mundo rural. El campo es uno; no una rama de la
producción, un sector de la sociedad y un conjunto de ecosistemas que puedan
ser manejados por tres secretarías divorciadas.
Carlos Salinas inventó que había
un campo productivo para el que habría políticas de desarrollo, responsabilidad
de Sagarpa; uno improductivo, para el que habría políticas asistenciales,
responsabilidad de Sedesol y un campo ambientalmente valioso, para el que
habría políticas conservacionistas, responsabilidad de Semarnat.
Los trabajadores del campo no
estamos de acuerdo con esa discriminatoria e irracional separación. El agro
necesita una política unitaria donde fomentar la producción, procurar el
bienestar y preservar la salud ambiental sean ejes complementarios de un
desarrollo rural armónico e integrado.
No más planeación fragmentada y
desde arriba; no más programas que “bajan”; no más productivismo privatizador,
excluyente y ambientalmente predador; no más asistencialismo sin sustento
económico; no más preservación de los recursos naturales sin aprovechamiento.
13. Derecho a la libertad y a la
verdadera democracia
En el México del partido de
Estado nunca hubo democracia, los gobiernos del PAN mantuvieron el
autoritarismo y el regreso del PRI profundizó las prácticas represivas y la
militarización, hoy naturalizadas por la Ley de Seguridad Interior. La
democracia se ejerce y se conquista, pero de un nuevo gobierno esperamos que
mande obedeciendo el mandato popular y que respete las libertades públicas.
La falta de democracia auténtica
y el autoritarismo de Estado son males nacionales. Pero se agravan en el campo,
donde no se respetan las libertades civiles ni los derechos ciudadanos y el
caciquismo sigue imperando en los gobiernos locales y el clientelismo
corporativo en nuestras organizaciones.
En el fondo está una viciada
relación entre campesinos y gobierno: nexo perverso que se forjó con el PRI y
continuó con el PAN. Los campesinos estamos hartos de mendigar nuestros
derechos, de intercambiar fidelidad por recursos públicos, de vender nuestro
voto por un bulto de cemento.
*
Los campesinos hemos sido y somos
responsables de nuestra historia, que es la historia del país. Los campesinos
no queremos compasión ni necesitamos caridad. Queremos, sí, un nuevo trato con
el gobierno; una relación abierta, transparente y corresponsable. Una relación
respetuosa que nos permita emprender juntos la salvación del campo y del país
Las mujeres y los hombres de la
tierra; los indígenas, los mestizos y los afromexicanos; los parcelarios y los
jornaleros; los del norte, los del sur y los de las costas; los jóvenes y los
viejos… los campesinos todos necesitamos con urgencia un cambio verdadero. Y
por esto formulamos hoy este Plan de Ayala para el Siglo XXI, que convoca a una
insurgencia cívica, pacífica y electoral para cambiar el régimen político
autoritario y neoliberal, como paso necesario para reconstruir al campo y
salvar a la nación.
Abramos surcos por la justicia y
la democracia. La esperanza tiene fecha: el primero de julio de 2018.
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