Tras darse a conocer la firma de los diez decretos
para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas, el secretario general de
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López
Domínguez” (CIOAC-JDLD) expresó que la emisión de estos decretos es un
retroceso para el país ya que con estas medidas se van a liberar alrededor de
50 mil derechos de uso de agua, de ejidos y comunidades, que ya han caducado; y
seguramente se van a privatizar.
José Dolores López Barrios, recordó que las vedas de
agua se emitieron para prever un problema de escasez de ese recurso en
determinadas regiones. “Con los actuales decretos se otorgarán concesiones a
actores privados por 50 años y estos podrán realizar transferencias de agua de
una región a otra”.
Por lo que informó que desde la CIOAC-JDLD hacen un
llamado al presidente, Enrique Peña Nieto, para que sean derogados los diez
decretos que eliminan la protección sobre 300 grandes cuencas hídricas de las
757 que existen en el país.
Exhortó
a las demás organizaciones campesinas a sumarse a este llamado, "el
Presidente de la República es el único que tiene las facultades para decretar
las vedas de agua por causas de interés público".
Asimismo, solicitó se revisen los derechos de uso de
agua de ejidos, de pueblos rurales, urbanos y comunidades indígenas ya
caducados, para que de acuerdo a cada necesidad se puedan reactivar con
programas específicos, que favorezcan a la mayoría de este sector.
Lolo López, subrayó que nuestro país sufre de
creciente estrés hídrico, sobre todo, en las regiones del norte y del centro,
por lo que dichos decretos le dan facultades a la Comisión Nacional del Agua,
CONAGUA, para otorgar concesiones de uso de agua a compañías de diversos
sectores, entre ellos de la minería, de fracking, de la industria
de refrescos y cervezas y para la generación de energía hidroeléctrica.
“Con esto se permite que la CONAGUA garantice los
volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petrolera y
privatizadores de los sistemas urbanos de agua, a costa del derecho
constitucional al que tienen los pueblos indígenas, núcleos agrarios
y comunidades ejidales y rurales”, expresó.
Apuntó
que de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, CIDE, “el 80%de las cuencas hídricas del país están sobre
explotadas y este cambio legal profundizará esta situación.
“Lo que permiten estos decretos es cambiar la
política hidráulica, que estaba centrada en la conservación y ahora pasará a la
privatización; aun cuando los decretos no hablan de privatizar el uso y
aprovechamiento del agua, en los hechos se autorizará el uso futuro para la
industria y los servicios.”
Por último, el líder campesino aseguró que en
nuestro país no existe un método para la fiscalización sobre la asignación y
uso de las concesiones; sin embargo, por ahora se concesionaria aguas
superficiales, cuando el 97% del agua del país es subterránea.
“Con estos decretos la disposición del agua se le da
a un organismo descentralizado y se le concesiones a particulares; esto en los
hechos es una privatización del agua, que es un recurso nacional”, concluyó.
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