El Centro de Derechos Humanos
“Zeferino Ladrillero” (CDHZL) pidió al Estado mexicano garantizar y proteger a
un grupo de seis indígenas náhuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, que se
encuentran en prisión con acusaciones falsas y dolosas desde, hace 15 años en
territorio mexiquense, al defender su territorio y agua.
El presidente del CDHZL, José
Antonio Lara Duque, solicitó particularmente a los tres Poderes de la entidad
mexiquense, que gobierna Alfredo del Mazo Maza, par que garanticen la protección
de los seis indígenas luego que se descarta que los inculpados hayan estado en
el lugar de los hechos donde una persona perdió la vida.
“El gobierno del estado de
México, través de sus tres Poderes —Legislativo, Ejecutivo y sobretodo el
Judicial— tienen el reto de emitir una revisión a la sentencia con un alto
estándar internacional. Es una oportunidad para que haya apego a derecho, ya
que con relación a la protección de personas indígenas el gobierno mexicano
tiene una deuda histórica con este sector de la población”, expresó.
El abogado interpuso este lunes
un recurso de apelación a la sentencia en contra de los defensores de la tierra
y el agua Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo
Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo
Arias Mireles, por defender su derecho a la justicia y el derecho humano al
agua.
“La apelación de los presos
políticos de San Pedro Tlanixco busca hacer realidad el control de
convencionalidad al que está obligado el Estado mexicano para armonizar el
derecho interno con los tratado internacionales que protegen derechos de
pueblos y personas indígenas”, explicó.
Lara
Duque recordó que los habitantes de esta pueblo han sufrido la represión de las
autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en
prisión a los seis indígenas por defender el vital líquido en esa región del
país.
Hizo ver que durante décadas, los
recursos naturales de San Pedro Tlanixco son utilizados para la industria,
situación que ha provocado que los habitantes de esa comunidad se hayan
organizado para asignar el vital líquido para fines personales y domésticos,
como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este razonamiento, detalló, la
comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta,
cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En
2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del
río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el afluente fue
concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del
municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los náhuas no
tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los
acreditan para poder explotar sus aguas.
Recordó que 1 de abril 2003 los
pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares,
financiados por el presidente de los floricultores –de origen español– que
argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus
productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el
empresario resultó muerto.
Después
de estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares,
iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los
cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser
asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga
González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal,
Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles,
quienes no participaron en el enfrentamiento.
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