Boletín
de prensa
- Fueron acusados injustamente por el homicidio
de un empresario de origen español, el cual junto con autoridades de esa
entidad despojó a dicha comunidad del agua y la tierra de la región.
- Durante el proceso judicial instruido en
contra de los indígenas han sido documentadas numerosas inconsistencias.
- Diversas organizaciones sociales ha iniciado
la campaña denominada #SentenciaRacista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue el caso de
los seis indígenas del poblado de Tlanixco, estado de México, quienes
permanecen en prisión desde hace más de diez años luego de ser acusados
injustamente por el homicidio de un empresario de origen español, el cual junto
con autoridades de esa entidad despojó a dicha comunidad del agua y la tierra
de la región.
José
Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino
Ladrillero”, aseguró que durante el proceso judicial instruido en contra de los
indígenas han sido documentadas numerosas inconsistencias, carencia de
credibilidad e imparcialidad de los denunciantes, así como señalamientos
contradictorios.
Es por ello, aseguró, diversas
organizaciones sociales ha iniciado la campaña denominada #SentenciaRacista, toda vez que las
declaraciones que rindieron los denunciantes durante los primeros cuatro años
de investigación, se ubica a “una señora morena y chaparrita” como una de las
personas responsables de la muerte del empresario antes mencionado.
Es de este modo como fue acusada
penalmente a Dominga González
Martínez, precisó.
Estos tres calificativos, por
generales, ambiguos y simples que parezcan, fueron suficientes para inculpar de
un delito grave a una mujer adulta mayor que participaba activamente con su
comunidad en la defensa de su derecho al uso del agua de un río que nace en
Tlanixco, comentó el abogado del Zeferino.
En esta acusación, añadió,
participó la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México al proporcionar
los datos personales de Dominga González Martínez a los denunciantes,
información obtenida de las minutas generadas de una mesa de diálogo que
tuvieron tiempo atrás dicha instancia y un grupo de representantes comunitarios
indígenas de dicho lugar.
Hizo ver que con base a estas
evidencias y muchas otras fue dictado su encarcelamiento, situación que
constituye una grave violación a sus derechos humanos y una forma imperdonable
de discriminación contra un grupo social vulnerable, como lo son los indígenas
que defienden su territorio.
Recordó que actualmente hay seis
personas sentenciadas por el delito de homicidio calificado y privación de la
libertad, siendo sentenciados en primer lugar: Teófilo Pérez González, Pedro
Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles, el día 13 de junio del año 2006, a
cincuenta años de prisión. Y en segundo momento fueron sentenciados: Marco
Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González
Martínez, a cincuenta años de prisión, el 27 de noviembre del 2017.
Lara Duque aseguró que estas
sentencias fueron impuestas a pesar de que de la propia acusación es
difícil determinar el grado de participación de cada uno de los sentenciados;
sin embargo, consideramos que se trata de dar un castigo ejemplar para
intimidar al pueblo indígena.
Además, puntualizó, durante todo
el proceso, no se respetaron sus derechos tomando en cuenta su calidad como
personas indígenas, por lo cual no fueron juzgados en función de su contexto
local social en donde los usos y costumbres son de gran importancia.
Al no existir evidencia que
permita determinar el grado de participación de los hoy sentenciados, es
imposible crear un nexo causal que relacione su conducta con el resultado
material, concluyó.
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