El
Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió suspender de
manera inmediata la construcción del Tren Interurbano México-Toluca hasta que
se garantice el respeto irrestricto del marco constitucional, toda vez que, la
empresa que que desarrolla el proyecto demolió varias viviendas, pese a que los
propietarios contaban con un amparo, violentando así los derechos humanos y
fundamentales de las personas, además de ponerlas en peligro al utilizar
maquinaria pesada para evitar la protesta de los vecinos.
Su
coordinador, José Antonio Lara Duque, explicó que tras difundirse en redes
sociales el momento en cómo una mujer exige al conductor de una excavadora
detenerse en su determinación de desmantelar su casa, ubicada en la zona en que
se pretende construir el nuevo transporte, los dueños de dichos predios
contaban con un juicio de amparo con el objeto de proteger los derechos
humanos, cuando son violados por normas generales, actos u omisiones de la
autoridad o de particulares.
Pese
a que los agraviados son vecinos que han habitado esta zona por años, los
trabajos de construcción de esta proyecto han continuado despojándolos de sus
propiedades y vulnerando sus derechos cuando este lunes, en horas de la mañana,
en el paraje Mina Viaja, a la altura de los kilómetros 25 y 26 de la Carretera
México-Toluca, de la Ciudad de México, fueron desalojados con violencia y
destruidas sus viviendas.
De
igual manera, acusó el CDHZL, personas ajenas a la construcción de este
proyecto, disfrazados de trabajadores agredieron verbalmente e intentaron
amedrentar a los habitantes de esta localidad, que vieron como las maquinaria
fue utilizada para que la gente se hiciera a un lado, para utilizar ésta para
derribar las casas.
El
abogado Lara Duque anunció que se reunirán con habitantes de esta localidad
mexiquense, del pueblo de San Lorenzo Acopilco, y de otras poblaciones
afectadas, incluso de la ciudad de México, para estudiar las acciones legales
que emprenderán para frenar este despojo y la violación este mecanismo de
protección e instrumento jurídico que el Estado mexicano y particulares debe de
cumplir para garantizar el acceso a la justicia a los particulares.
Por este motivo, el CDHZL pidió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Luis Raúl González Pérez; y el propio gobernador mexiquense,
Alfredo del Mazo Maza; su intervención inmediata a favor de los afectados.
Por este motivo, el CDHZL pidió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; y el propio gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza; su intervención inmediata a favor de los afectados.
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