- Se lleva a cabo en Valle de Bravo, Estado de
México, la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia.
- La PGR y la Fiscalía de Justicia del Estado de
México llevarán a la mesa de análisis, una iniciativa para la construcción
de una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada.
Valle de Bravo, Edomex.- El Gobernador Constitucional del Estado de México,
Alfredo Del Mazo, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en
suplencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto
Elías Beltrán, inauguraron la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia en la localidad mexiquense de Valle de
Bravo.
El también presidente en
suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alberto Elías
Beltrán, dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y
fiscalías, se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de
procuración de justicia, construido con
solvencia técnica y legitimidad política, a fin de convertirlo en un
instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia,
tanto a nivel local como federal.
Reseñó que esta propuesta
de modelo ya implementado internamente en la PGR como piloto, gira en torno a
cinco puntos torales: una política criminal de seguridad pública y de justicia
penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo
institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además
de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado
en un plan de persecución penal.
También contempla un
modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la
denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; además de otro de
operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, a
través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de
funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de
investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.
En el marco de este
modelo, también se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a
través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades
técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de
Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para
que capacite a sus agentes.
El modelo implica elevar
la importancia de los servicios de investigación criminal, inteligencia y
servicios periciales, ya que los mismos no sólo prestan apoyo a la función
ministerial, sino que además el análisis empírico del fenómeno delincuencial,
realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir
tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para
actuar de manera proactiva frente al fenómeno.
Durante su intervención,
el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que el Estado de México trabajará de
manera coordinada y cercana con la ciudadanía, organizaciones civiles y las
instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, para
conseguir la paz y tranquilidad que la población pide.
“En el Estado de México
tenemos la firme convicción de que el trabajo coordinado y en equipo es la
fórmula para traer paz y tranquilidad a nuestra gente. Hoy hago patente nuestro
compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para atender la principal
preocupación de los mexiquenses, y de todos los mexicanos: la seguridad”,
señaló.
También refirió que en el
Estado de México se han dado pasos fundamentales para lograr esos objetivos, al
transitar de una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía autónoma, con muchas
mayores capacidades operativas y procesales. De igual manera, dijo, se creó la
Secretaría de Seguridad del Estado y la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, instituciones que trabajan
siempre de manera conjunta y coordinada.
Al referirse a la
delincuencia organizada, Alberto Elías Beltrán dijo que es una manifestación
exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por
mayores términos de violencia; un alto beneficio económico de sus acciones;
estructura criminal materialmente institucionalizada; pérdida de espacios
públicos; y descomposición del tejido social.
Mencionó que por estas
razones, tiene capacidades y recursos suficientes para corromper la esfera
pública y debilitar el orden constitucional ya que se ha diversificado y ha
traído como consecuencia múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que
dificultan la acción persecutoria del Estado, además de generar operaciones con
recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia.
Este planteamiento, dijo,
pudiera generarse sobre las siguientes premisas: reconocer que su combate
implica responsabilidad compartida; establecer una política criminal que
priorice la prevención, investigación, persecución y sanción; fortalecer las
capacidades de las instituciones locales para combatirla; y establecer
mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de
información, en todos los órdenes de gobierno y niveles.
Con base en lo anterior,
la Procuraduría General de la República, en conjunto con las fiscalías y
procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, trabaja en
un anteproyecto de iniciativa de Ley para someterlo el siguiente año a la
consideración de la Conferencia.
En este sentido,
Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía de Justicia estatal, comentó:
“Pondremos en la mesa el análisis de la construcción de una Ley Nacional contra
la Delincuencia Organizada, que con los debidos candados y salvaguardas, dé
competencia a las autoridades estatales, así como también dote de las
herramientas jurídicas para la investigación y persecución de este delito”.
Alberto Elías Beltrán
mencionó que basada en el espíritu del federalismo cooperativo, la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia debe encontrar soluciones comunes a las
necesidades de seguridad, paz, justicia y honestidad que demanda la sociedad,
particularmente en cuatro de los diez principales problemas que afectan a la
sociedad mexicana: como inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico.
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