Por
Rocío Alejandra Ayala Pimentel
Integrantes
de asociaciones civiles de defensa de derechos humanos advirtieron que las
deportaciones de migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos se
agravarán e impactarán poblacionalmente en los estados de la frontera norte del
país. En conferencia de prensa,
acompañados por un grupo de diputados del PRD, encabezados por su
vicecoordinador, Jesús Zambrano Grijalva, pidieron al gobierno federal tomar
medidas en esa región, para atender inmediatamente el asunto.
José
Luis Pérez Canchola, de la asociación civil Academia Mexicana de Derechos
Humanos, señaló que en toda la frontera norte no existe un solo albergue
gubernamental para migrantes, y los que hay son privados, propiedad de
agrupaciones civiles y religiosas. Señaló
que es necesario que el gobierno federal se haga cargo de una parte de esos
deportados de forma inmediata, para evitar que se expongan a peligros en la
zona fronteriza. Apuntó que las
deportaciones se han complicado con la llegada, desde mayo pasado, de haitianos
y africanos a la frontera, particularmente en Baja California, y que algunos ya
están decidiendo quedarse permanentemente en territorio nacional.
“Muchos
ya se acercaron a las oficinas de Instituto Nacional de Migración a solicitar
su documentación como residentes, muchos de ellos están pidiendo que sus niños
ingresen al sistema educativo estatal, y esto requiere de atenciones
especiales”, externó.
Afirmó
que en el sistema escolar de Baja California hay 53 mil niños que manifiestan
haber nacido en otros países, “y esta cifra se nos puede disparar, es
fundamental en esto la atención del Gobierno de la República porque los estados
y municipios no tienen los recursos ni las posibilidades de atender el problema
que ya es masivo”.
El
diputado Zambrano Grijalva sostuvo que “el fenómeno de las deportaciones
masivas se ha convertido en una verdadera crisis que no solamente involucra a
mexicanos en los Estados Unidos sino también de otras nacionalidades”.
Declaró
que será necesario impulsar desde el Legislativo, un plan de acción con
opciones inmediatas y urgentes que permitan a nuestro país, hacer frente a la
crisis migratoria derivada de las políticas del gobierno de Donald Trump.
Por
su parte, Carlos Armando Arango, director de Casa Aztlán en la ciudad de
Chicago, en Illinois, Estados Unidos, consideró que la victoria de Trump en el
gobierno estadounidense abrió un nuevo paradigma no sólo para México sino para
los connacionales que radican en ese país al poner en marcha una política de
deportaciones masivas.
“La
respuesta de México ha sido tibia, no plantea en el centro del debate la
cuestión del ser humano; pero lo más importante es cómo se ejerce la defensa de
los derechos de los mexicanos; cómo la Cancillería y los 50 consulados en
Estados Unidos hacen esa defensa, cómo se utilizan los recursos para que haya
una defensoría legal y las personas puedan permanecer en esa nación”, recalcó.
Zambrano Grijalva anunció que ante las
deportaciones masivas, existen alternativas democráticas, aunque no precisó
cuáles.
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