A
100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, no existe nada que
festejar, ya que a la fecha, no queda nada en la ley ni en los actos de gobierno,
que reproduzcan y respeten el texto y profundo contenido social de la
Constitución de 1917.
En
un centenario, los regímenes facciosos fueron alterando a modo la ley
fundamental, instituyendo, con alrededor de 700 reformas, un modelo autoritario
y represor de gobierno, fundado en la demagogia, la violencia, la corrupción y
la impunidad.
La
constitución de 1917 instituyó derechos fundamentales en favor de las y los
trabajadores y campesinos, siendo en sus primeros años un programa de esperanza
hacia una equitativa distribución de la riqueza, con educación, trabajo y
seguridad social para todos y todas, derechos que hoy son solo una ficción
histórica.
Con
la creación de leyes reglamentarias y reformas constitucionales, se cancelaron
derechos laborales y de seguridad social; se destruyeron la propiedad comunal,
el ejido, el reparto agrario y el cooperativismo; se anularon la educación
laica y gratuita; y se desmanteló la rectoría del Estado en la propiedad y
control de los recursos nacionales.
La
soberanía popular se anuló con los partidos, instituciones y procedimientos
electorales, dando pie a una magna corrupción, sin distingo de partidos,
quienes consintieron un paquete de más de 12 reformas estructurales, y una
política privatizadora, que desnaturaliza el Estado social creado por el
constituyente de 1917.
Con
todo y sus reformas, la economía sigue estancada, sin empleos suficientes, con
una devaluación de 21 pesos por dólar y un tabulador de salarios miserables
para las mayorías; en contraste con los cuantiosos sueldos para ministros y
funcionarios, y los altos impuestos (ISR, IVA, IEPS), y precios fijados en
predial, luz, gas y gasolinas.
Amén
de que, la crisis de justicia y seguridad pública que se vive desde hace
décadas es apuntalada en la Corte, poder que ha sido el que más ha traicionado
la legalidad e ideales constitucionales de justicia, encarnando sus ministros
un poder conservador y controlador del libre albedrio de muchos jueces y
magistrados honestos y capaces.
Como
dijo en 1906 el insigne jurista Ricardo Flores Magón “La Constitución ha
muerto”, y los culpables son los neoliberales en el poder, que obedecen a su
bolsillos y a organismos imperiales, por ello, la solución a nuestros males,
rebajados en “Trump” y su “muro”, no son la “unidad” con nuestros verdugos ni
el “apoyo” al gobierno de Peña, como lo pide el régimen y estúpidamente líderes
que se dicen de “izquierda”.
En
el centenario de la constitución hay que redoblar el esfuerzo por restituir los
derechos públicos y sociales involucionados, pero para ello, hay que desplazar
a los neoliberales del poder, y transformar el régimen político nacional,
mediante la lucha unitaria política de masas, electoral, jurídica y ciudadana,
que nos permita un nuevo pacto social que se plasme en un nuevo ideario
constitucional social del siglo XXI.
La
Unión de Juristas de México en honor a los constituyentes del 1917 reivindica
su compromiso en la lucha porque el derecho y la justicia estén al servicio del
pueblo.
A T
E N T A M E N T E
POR
LA DIRECCIÓN NACIONAL
Eduardo
Miranda Esquivel, responsable de la publicación, y 42 firmas más.
Informes
al celular 044-55-3731-9665 unionjuristas@hotmail.com
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