miércoles, 11 de enero de 2017

IMPRESCINDIBLE DEFINIR LABORES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR

Boletín del Senado de la República
El senador Escudero Morales señaló que se busca definir las bases de coordinación para preservar la gobernabilidad y los derechos humanos.  En el arranque de los trabajos, participan también los senadores Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN; Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes; y el académico Jorge Islas; además de legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras de la legislación en materia de seguridad interior.
Legisladores y Ejecutivo Federal coinciden en la necesidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas quienes intervendrían sólo cuando las capacidades de los tres órdenes gobiernos sean insuficientes para contrarrestar las amenazas. En el Senado de la República inició el análisis de las iniciativas propuestas para expedir la Ley de Seguridad Interior, al respecto, el senador Escudero dijo que dicha Ley estará lista en los treinta días siguientes y que  en ella se busca regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de esta, con la finalidad de dar certeza jurídica a la labor de las Fuerzas Armadas y seguridad a los ciudadanos.
Por ello, consideró indispensable una Ley de Seguridad Interior moderna, de corte democrático, “siempre como vehículo para ceñir a todos a la Constitución y a la Ley, para que mantengamos los valores que tanto apreciamos los mexicanos: la libertad, la justicia y la paz”.
Reconoció que actualmente existe la solidez constitucional y normativa para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, pero es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica y regularizar su actuación.
En este sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido constante desde el año 2006: sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal. En consecuencia, se perdió el propósito de construir capacidades institucionales civiles y se generó un perverso incentivo: no invertir en capacidades propias si las Fuerzas Armadas hacen esas tareas, “eso es lo que hay que corregir” –señaló.
Esta iniciativa, apuntó, no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni cambia los objetivos de su intervención, solo regula una función constitucional; no amplia los supuestos de intervención, ni sus facultades constitucionales, no causa que autoridades civiles queden subordinadas; no faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona; y al contrario, sostuvo, establece un plazo de seis meses para la intervención; y tampoco limita el ejercicio los derechos humanos.

A su vez, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador parlamentario del PRD, destacó que “la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas y la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.
 “La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior –asentó– debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública”.

En su oportunidad, el diputado federal Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los municipios y estados del país, con la reforma del mando mixto. La propuesta plantea un esquema para retirar progresivamente de los municipios y estados a los marinos y militares, en una lógica de recuperar capacidades institucionales, vinculado al principio federalista, añadió.
Para el doctor y académico Jorge Islas López, la ley de seguridad, es una oportunidad para impulsar un marco legal que ofrezca mayor certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus funciones para el resguardo de la seguridad interior del Estado.
El trabajo de estas, dijo, debe ser regulado como acciones de auxilio no permanente, en las que la autoridad civil determinará el curso de las acciones y, la fuerza armada al ser apoyo, quedará subordinada ante esta autoridad para atender la circunstancia de colaboración, y no debe suplir responsabilidades y obligaciones asignadas por la ley.


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