Boletín
del Senado de la República
El
senador Escudero Morales señaló que se busca definir las bases de coordinación
para preservar la gobernabilidad y los derechos humanos. En el arranque
de los trabajos, participan también los senadores Roberto Gil Zuarth, del Grupo
Parlamentario del PAN; Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD; el diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI,
César Camacho Quiroz; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto
Castillejos Cervantes; y el académico Jorge Islas; además de legisladores
integrantes de las comisiones dictaminadoras de la legislación en materia de
seguridad interior.
Legisladores
y Ejecutivo Federal coinciden en la necesidad de dar certeza jurídica a la
labor de las Fuerzas Armadas quienes intervendrían sólo cuando las capacidades
de los tres órdenes gobiernos sean insuficientes para contrarrestar las
amenazas. En el Senado de la República inició el análisis de las iniciativas
propuestas para expedir la Ley de Seguridad Interior, al respecto, el senador
Escudero dijo que dicha Ley estará lista en los treinta días siguientes y
que en ella se busca regular la
integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades
encargadas de esta, con la finalidad de dar certeza jurídica a la labor de las
Fuerzas Armadas y seguridad a los ciudadanos.
Por
ello, consideró indispensable una Ley de Seguridad Interior moderna, de corte
democrático, “siempre como vehículo para ceñir a todos a la Constitución y a la
Ley, para que mantengamos los valores que tanto apreciamos los mexicanos: la
libertad, la justicia y la paz”.
Reconoció
que actualmente existe la solidez constitucional y normativa para fundamentar
el quehacer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, pero es
una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica y regularizar
su actuación.
En
este sentido, el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN,
subrayó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido constante desde el
año 2006: sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y
municipal. En consecuencia, se perdió el propósito de construir capacidades
institucionales civiles y se generó un perverso incentivo: no invertir en
capacidades propias si las Fuerzas Armadas hacen esas tareas, “eso es lo que
hay que corregir” –señaló.
Esta
iniciativa, apuntó, no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni
cambia los objetivos de su intervención, solo regula una función
constitucional; no amplia los supuestos de intervención, ni sus facultades
constitucionales, no causa que autoridades civiles queden subordinadas; no
faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona; y al
contrario, sostuvo, establece un plazo de seis meses para la intervención; y
tampoco limita el ejercicio los derechos humanos.
A su
vez, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador parlamentario del PRD,
destacó que “la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre el asedio de los
grupos de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de
sus corporaciones policíacas y la actuación sin un marco legal claro de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.
“La
discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior –asentó– debe partir de la
situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la
Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de
seguridad pública”.
En
su oportunidad, el diputado federal Jorge Ramos Hernández, presidente de la
Comisión de Seguridad Pública, señaló que las tareas de seguridad interior
dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los
municipios y estados del país, con la reforma del mando mixto. La propuesta
plantea un esquema para retirar progresivamente de los municipios y estados a
los marinos y militares, en una lógica de recuperar capacidades
institucionales, vinculado al principio federalista, añadió.
Para
el doctor y académico Jorge Islas López, la ley de seguridad, es una
oportunidad para impulsar un marco legal que ofrezca mayor certeza jurídica a
la actuación de las Fuerzas Armadas en sus funciones para el resguardo de la
seguridad interior del Estado.
El
trabajo de estas, dijo, debe ser regulado como acciones de auxilio no
permanente, en las que la autoridad civil determinará el curso de las acciones
y, la fuerza armada al ser apoyo, quedará subordinada ante esta autoridad para
atender la circunstancia de colaboración, y no debe suplir responsabilidades y
obligaciones asignadas por la ley.
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